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El TC declara la inconstitucionalidad de otro impuesto medioambiental

El TC declara la inconstitucionalidad de otro impuesto medioambiental

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El pasado lunes 16 de febrero la Sala Segunda del Tribunal Constitucional estimó una nueva cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se declara la inconstitucionalidad y consecuente expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos 2.a), 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de la Asamblea de Extremadura, de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción dada a tales preceptos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, que regula el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente.

En particular, el TC, en su Sentencia por la que estima la cuestión de inconstitucionalidad 4538/2013, declara la inconstitucionalidad de la modalidad del impuesto medioambiental extremeño que gravaba las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, especialmente, las de origen termonuclear.

La Sentencia sigue en su argumentación la doctrina fijada por el propio Tribunal en sus anteriores Sentencias 196/2012 (RTC 2012/196) y 60/2013 (RTC 2013/60) por las que se declaró la inconstitucionalidad de sendos tributos castellano-manchegos sobre actividades que incidían en el Medio Ambiente. En efecto, a criterio del Constitucional estos impuestos presentados como “medioambientales” gravan la misma materia imponible que el Impuesto sobre Actividades Económicas, lo que entraña una infracción del artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autonómicas (integrada en el denominado bloque de constitucionalidad) sin que las manifestaciones encaminadas a justificar la extrafiscalidad de tales tributos puedan sino considerarse un barniz medioambiental muy alejado de las exigencias del Tribunal Constitucional en materia de tributos medioambientales.

En este sentido, es doctrinal constitucional reiterada que los tributos medioambientales deben responder a una clara finalidad extrafiscal, y deben ser instrumentos de ordenación, protección, mejora y reparación del medio ambiente. Así lo ha consagrado el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias (37/1987, de 26 de marzo, 186/1993, de 7 de junio, 134/1996, de 22 de julio, 289/2000, de 30 de noviembre, 276/2001, de 16 de noviembre, 168/2004, de 6 de octubre, y 179/2006, de 13 de junio, y 196/2012, de 31 de octubre de 2012).

greentreehandsEl carácter extrafiscal de los tributos medioambientales constituye, como se reconoce en las anteriormente Sentencias, el fundamento de su existencia. En el correspondiente examen de constitucionalidad debe comprobarse, afirmaba ya el Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/1987, «la autenticidad de los fines no fiscales que se contemplaban en sus respectivas leyes de establecimiento y ordenación jurídica, para después entrar a analizar la adecuación de su estructura a los requerimientos exigidos por el Tribunal Constitucional». De conformidad con la doctrina unánime del Constitucional, solo puede considerarse tributo extrafiscal aquel que fundamentalmente persiga fines ajenos a los estrictamente recaudatorios, como serían los ecológicos.

Además, el carácter medioambiental debe ser cierto y no aparente. En este sentido, la reciente Sentencia 60/2013 del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2013 (RTC 2013/60) recuerda que en el examen de los tributos medioambientales hay que buscar «la posible concurrencia de una finalidad extrafiscal reflejada, no en el preámbulo de la norma reguladora, sino en la propia estructura del Impuesto». En consecuencia, la finalidad extrafiscal de los tributos exige evaluar las afecciones negativas producidas para ponderar qué factores intervienen en su producción así como el esfuerzo de los obligados tributarios para reducir su riesgo medioambiental.

Dada la claridad de esta doctrina, cabe plantearse por qué algunas comunidades autónomas insisten en crear este tipo de figuras impositivas bajo el paraguas de la extrafiscalidad, cuando en realidad sólo constituyen nuevos instrumentos recaudatorios. La crisis de los últimos años y las trabas para su impugnación pueden tener la respuesta. A tal efecto, resulta llamativo el hecho de que los nuevos tributos configuren su recaudación a través de la figura de la autoliquidación, cuya impugnación resulta más compleja, dada su no consideración de acto administrativo, lo que excluye, entre otros extremos, la posibilidad de impugnarlas directamente y solicitar la suspensión del pago de la obligación tributaria, tal como, por ejemplo, sí podría producirse en el caso de una liquidación.

Otro extremo que llama la atención es el periodo impositivo de este tipo de impuestos. Así, nos encontramos con tributos medioambientales cuyo periodo impositivo es trimestral, lo que reduce artificialmente el importe anual de los mismos e imposibilita en muchos casos alcanzar la cuantía casacional para el caso de que el Tribunal Superior de Justicia que conozca en primera instancia no atienda los vicios de inconstitucionalidad que apuntamos.

En todo caso, este pronunciamiento, supone afianzar una doctrina constitucional que, recordemos, debe ser obligatoriamente seguida por todos los jueces y tribunales, ex artículo 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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